martes, 15 de mayo de 2012

Apología universitaria de la violencia

Con el nombre de Che Guevara, una cátedra de la UBA da un ciclo sobre el PRT y el ERP con sus militantes como expositores.

Acaba de finalizar, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el primer cuatrimestre de un seminario que llama la atención por distintos motivos. Por de pronto salta a la vista el nombre de la cátedra que auspicia el ciclo: Che Guevara. Pero más allá del nombre emblemático, el tema por desarrollar es la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Ernesto Guevara tuvo un rol principal en las purgas y fusilamientos que siguieron al triunfo castrista, y fue mentor e impulsor de su posterior transformación en una dictadura marxista leninista. Impulsor, también, de la acción directa y de la violencia, que lo llevó a exportar a otros países los designios de sus utopías totalitarias, su muerte en la lucha, exaltada con ribetes de epopeya por las tendencias revolucionarias del mundo, no puede hacer olvidar su emblemática oposición a los valores de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.

Que una cátedra de la Universidad de Buenos Aires lleve el nombre del "Che" Guevara deja a las claras cuán endebles son las manifestaciones de la izquierda argentina en esa casa de estudios, respecto de su carácter democrático y de su compromiso con los derechos humanos. La denominación de la cátedra prenuncia el grado de rigor académico y de objetividad científica que puede esperarse del citado seminario. Nadie que no sea un iluso podría creer que vaya a explicarse el derrotero del PRT-ERP con un mínimo de respeto por los hechos dramáticos que jalonaron nuestra historia hace cuarenta años.

El Ejército Revolucionario del Pueblo, para quienes no lo recuerden, fue una de los tres organizaciones subversivas que se arrogaron el derecho -en consonancia con la ideología marxista que había abrazado- de matar a sus enemigos acusándolos de ser parte del "empresariado oligárquico", de la "burocracia sindical" o del "ejército mercenario". Nada tenían sus miembros de democráticos, y no trepidaron en asaltar las instituciones de la República cuando el pueblo argentino eligió, en elecciones impecables, al peronismo para dirigir los destinos del país.

Se entendería, en el marco de una cátedra de historia argentina contemporánea, la convocatoria a discutir en el más alto nivel académico los hechos de la lucha armada en nuestro país con base en el PRT-ERP. No tendría ello nada de malo, a condición claro está de que el seminario fuese pluralista y se diese la oportunidad de cruzar argumentos a investigadores de las más distintas escuelas. Pero basta tomar conciencia de quién es el coordinador general del programa, el jefe de la Juventud Guevarista Daniel De Santis, y que sólo se invita a exponer a militantes de aquel ejército irregular para darse cuenta de que el seminario intenta hacer la apología de una banda que trató de convertir a la Argentina en un país socialista similar a Cuba, Vietnam o China. Se exalta a una organización armada que, prescindiendo de todo respeto a las bases e instituciones republicanas y las observancias democráticas, tomó las armas y no trepidó en matar a mansalva. En rigor, lo que tenemos no es una cátedra universitaria sino una cátedra revolucionaria.

En resumidas cuentas, so pretexto de que hay libertad para opinar y enseñar, por un lado, y amparándose por otro en la autonomía universitaria, un grupo de profesores se aprovecha de los espacios que brinda la UBA y de los dineros públicos para hacer propaganda ideológica extremista, antidemocrática y antirrepublicana.

Los argentinos que pagamos impuestos con el propósito de dotar, entre otras cosas, de buena educación terciaria a nuestros jóvenes, tenemos derecho a protestar por semejante atropello a la inteligencia, a la probidad académica y a los derechos humanos. Porque la propaganda pública y descarada en una universidad estatal del totalitarismo en cualquiera de sus variantes es sólo eso.

Fuente: La Nación.



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